El PSOE dice que la auditoría esconde la "maraña de contratos a favor de familiares de PP y ACS"

El secretario general del PSOE de San Martín de Valdeiglesias y ex alcalde del municipio, José Luís García Sánchez, señaló hoy que la auditoría encargada por el actual equipo de Gobierno (PP y ACS) sirve para esconder la "maraña de contratos que han efectuado estos 9 meses a favor de familiares de candidatos de los dos partidos que gobiernan".

Las declaraciones se produjeron tras darse a conocer los resultados de una auditoría, encargada por el Ejecutivo local, en la que afirman que el 90 % de los contratos realizados por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias en la anterior legislatura presentaban anomalías.

Las irregularidades, afirmó el actual alcalde, Pablo Martín Cabezuela (PP), fueron detectadas en los contratos temporales de la práctica totalidad de los trabajadores en activo. El Ejecutivo local añadió que no se puede transformar automáticamente esta contratación laboral en indefinida puesto que la Administración pública está sujeta a los criterios dictados por la ley de acceso a la función pública y han de cumplirse los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

El ex alcalde puntualizó en declaraciones a Europa Press que la mayoría de los contratos realizados fueron temporales y respondieron a convenios entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por medio de talleres de empleo y escuelas-taller mientras que la contratación se efectuaba a propuesta del Servicio Regional de Empleo.

El socialista matizó además que la plantilla del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias está compuesta por 80 trabajadores calificados como personal laboral y una treintena de funcionarios. "La mayoría de los contratos son de obra y servicio", aseguró el alcalde, que reiteró que los firmados en la anterior legislatura "fueron fiscalizados por el secretario interventor del Ayuntamiento".

García Sánchez añadió que la auditoría presentada por el equipo de Gobierno "no tiene validez jurídica" y añadió que la realizó "el abogado personal del alcalde, al que han pagado 40.000 € aunque no haya pasado por concurso alguno".

Para el ex regidor, la auditoría muestra unas acusaciones que "no se adecúan a la realidad" debido a que la intención que se enconde detrás del informe es la de "perjudicar, hacer perder el honor de los que estábamos gobernando y sembrar rencor entre la población".